La propagación del coronavirus, COVID19, en todo el mundo ha supuesto un duro golpe para el sistema sanitario, económico y el tejido industrial de muchos países afectados. El sector de la automoción, en su compromiso con las autoridades sanitarias, ha paralizado en bloque su actividad de producción y comercialización de vehículos en todo el territorio nacional. Esta decisión ha supuesto parar en seco uno de los sectores que mayor aportación realiza al PIB español (10%) y que representa el 9% del empleo y la reactivación comercial no tiene un calendario claro de aperturas aún. Las previsiones que se manejaban hasta ahora han quedado obsoletas dadas las circunstancias excepcionales que afronta el país en estos momentos, al prolongarse el estado de alarma. Todo ello, va a condicionar la evolución no sólo del automóvil, sino también de la economía, del empleo y de la confianza de los consumidores a lo largo del año y posiblemente en años posteriores.

Esta situación ha motivado que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC y la patronal de concesionarios Faconauto hayan empeorado sus previsiones de mercado para cierre de año. El mercado, según las estimaciones consensuadas entre ambas, va a caer entre un 40% y un 45% en el conjunto de 2020, con unos volúmenes cercanos a las 700.000 unidades. Este escenario ya tiene en cuenta un periodo de estado de alarma y confinamiento de dos meses, con una desescalada progresiva desde el mes de mayo, y una caída del PIB de entre el 5% y el 6%. Los dos primeros trimestres posteriores a la finalización del estado de alarma serán duros en cuanto a las ventas de vehículos, por el incremento exponencial de la incertidumbre económica entre los consumidores, con tendencia a ir mejorando lentamente a partir del verano, siempre con cifras de comercializaciones muy por debajo de las registradas en 2019 y cercanas a las peores estadísticas de la crisis económica de hace una década.

“No podemos permitirnos estas previsiones, porque somos un pilar básico de la economía y del tejido empresarial. No olvidemos que, en todas las comunidades autónomas y provincias, la actividad de los concesionarios tiene un peso determinante en su economía y en generación de empleo. Es fundamental trabajar en reactivar la demanda interna, y para ello se necesita un plan firme y generoso que impacte sobre las economías familiares y de los autónomos, que son las que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, para que no renuncien a sus necesidades de movilidad. Sin clientes en nuestros concesionarios, la maquinaria de la automoción no se pone en marcha. Ahí es donde empieza todo el proceso. Para evitar que estas previsiones se hagan realidad, y hasta que los clientes vuelvan a los concesionarios, es necesaria, en primera instancia, la prórroga de los ERTEs por causas de fuerza mayor, que la mejor herramienta. El sector está ilusionado y comprometido para recuperar la actividad lo antes posible, atendiendo a las fases de desescalada y siempre priorizando la salud de los clientes y trabajadores en entornos seguros, libres de COVID. Estamos a disposición de las Administraciones para trabajar y darle forma a medidas que, seguro, contribuirán a revertir esta negativa tendencia”, ha indicado Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto. 

“Es imprescindible tomar en cuenta la situación de especial debilidad en la que se encuentra el sector de la automoción, uno de los pilares de la economía española y el único sector industrial que lleva parado en seco más de un mes”, explicó José López-Tafall, director general de ANFAC. Por eso es urgente y necesario “poner en marcha cuanto antes medidas de estímulo coyunturales a la demanda de vehículos, que acerquen las nuevas tecnologías, más eficientes y seguras, a los ciudadanos y evitar así que opten por vehículos de más de 15 años, con un impacto muy negativo tanto en términos medioambientales como de seguridad vial”. López-Tafall explicó que “la experiencia demuestra que las ayudas a la automoción tienen un retorno muy positivo, tanto en términos económicos, porque por cada euro aportado se recaudan 1,7 euros en ingresos fiscales, como en términos medioambientales, pues contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 al achatarrar vehículos más viejos y a alcanzar nuestros objetivos de descarbonización”. “Es necesario recuperar de manera rápida un mercado interno fuerte que proteja el empleo y fortalezca la competitividad de las fábricas de automóviles en España, también dependientes de nuestra demanda interna. Uno de cada cuatro vehículos que se producen en el país se quedan en nuestro mercado nacional”, apuntó López-Tafall.