El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), Raúl Palacios, recordó hoy al nuevo Gobierno la necesidad de poner en marcha una estrategia “largoplacista y coherente” en materia de movilidad que no comprometa el desarrollo de un sector económico estratégico como es la automoción.

De esta forma, el máximo dirigente de la patronal de vendedores y talleres de vehículos valoró la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente tras un periodo marcado por las citas electorales y la inestabilidad política, que ha pasado factura al mercado. De hecho, en 2019 las matriculaciones cerraron en negativo (-4,8%) por primera vez desde 2012, como consecuencia de la debilidad de las compras en el canal particular, que acumularon un descenso de más del 11%.

Para poder desarrollar esta estrategia de movilidad “clara y bien fundamentada” donde prime el rigor técnico sobre el interés “puramente político y demagógico para evitar vaivenes” que confundan al consumidor sobre qué coche comprar, desde Ganvam abogan por la creación de la figura de la Secretaría de Estado para el sector.

En opinión de Palacios, “contar con esta figura ayudará a levantar un proyecto eficaz a largo plazo con la vista puesta en 2050”, año en el que Europa exige la descarbonización total del transporte y que tiene a España a la cola, ya no solo por lo que se refiere a la baja representación de vehículos cero emisiones sino por la antigüedad de su parque, que con más de 12 años de antigüedad se alza como el más viejo de Europa, solo por detrás de Grecia.

En este sentido recordó que para conseguir una movilidad sostenible no basta con impulsar el vehículo eléctrico –el acuerdo programático PSOE-Unidas Podemos para un gobierno de coalición contempla un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico- sino que es necesario, por un lado, favorecer una transición ordenada y eficaz con planes que ayuden a retirar de la circulación los vehículos más antiguos y contaminantes sin discriminar tecnologías para no penalizar a las rentas más bajas; y, por otro, afrontar el impacto medioambiental desde una perspectiva de unidad de mercado para que las normativas sean comunes en todas las regiones.